Diserta @cjmolinasuarez «El Nuevo Régimen de Responsabilidades Administrativas»

  • 22 agosto, 2018
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Reconoce labor del Poder Judicial de Tlaxcala por capacitar a servidores públicos.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que preside el Dr. Héctor Maldonado Bonilla, organizó la conferencia denominada «El Nuevo Régimen de Responsabilidades Administrativas», que disertó el Dr. Cesar de Jesús Molina Suárez, Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, adscrito a la Séptima Sala Regional con residencia en Toluca, Estado de México.

En el marco de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el conferencista nacional e internacional expuso que los servidores públicos del TSJE como de todos los Poderes Judiciales del país, son sujetos a responsabilidades de la propia ley en la materia.

“Entender, comprender y saber cuáles son los alcances de la nueva legislación es una labor que debe desempeñar todo ente gubernamental y con mayor razón los servidores públicos del Poder Judicial sobre la base de que son los impartidores de justicia”, puntualizó.

Explicó que el SNA persigue transparentar todas las acciones relacionadas con recursos económicos sobre la actuación de los servidores públicos, “la sociedad está urgiendo que todos los que nos dedicamos al servicio público, transparentemos nuestras actuaciones y acciones, pero sobre todo estemos más y mejor preparados para enfrentar los retos que la propia sociedad exige”.

Destacó la necesidad de seguir las labores de prevención, lo que significa que es necesario que los servidores públicos transparenten la rendición de cuentas como la declaración patrimonial, la declaración de intereses, la declaración fiscal, el estado en que se encuentran sus recursos para que la sociedad esté enterada.

Dijo que el SNA cuenta con un sistema que establece un amplio espectro de conductas que se hacen sociables, “esto significa que el servidor público va a pensar más de dos veces si quiere incurrir en un acto de corrupción y además refiere la parte de inhabilitaciones que puede llegar de hasta 20 años, si un servidor público se atreve a incurrir en un acto de corrupción, sabe que no solo puede perder su trabajo, sino que además enfrentará responsabilidades penales”.

En la capacitación estuvo presente el Procurador General de Justicia del Estado,  José Antonio Aquiahuatl Sánchez, así como Magistrados, Consejeros y servidores públicos del Poder Judicial.