Imposible para la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros sostener su trillada cantaleta de que “Tlaxcala, es el estado más seguro del país”, y más aún, cuando en los hechos el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del INEGI dejó al descubierto que, durante el 2023, de los cuatro mil 320 robos y asaltos en carreteras y puentes de jurisdicción estatal registrados a nivel nacional, más de la mitad, es decir, dos mil 780, fueron en nuestra entidad, lo que significa un incremento del 129.2 por ciento de ese delito en comparación al 2022. Sí, tal cual. Esas son las cifras oficiales que son irrebatibles aún para la mitómana y fantasiosa titular del Ejecutivo local; a menos, claro, que quiera poner en riesgo su escaso prestigio y la poca credibilidad que le queda, previo a lo que será su Tercer Informe de Gobierno.

Y no es que el referido Censo oficial haya descubierto el hilo negro o el agua tibia, pues a éstas alturas del sexenio lorenista, ya todos tenemos un familiar, un amigo o un vecino que forma parte de las estadísticas delictivas, y por obvias razones sabemos, que hay una espiral ascendente en la comisión de delitos y no solo del orden patrimonial, sino también contra la salud, contra la integridad física y la vida de las personas. Situación que con la narrativa institucional se trata de ocultar o desvirtuar para no admitir que estamos en el umbral de una crisis de seguridad pública.

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